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Webinar ISOC/ITS - ¿Qué dice la sociedad civil sobre la política de costos compartidos?

 

En 2023 las “big telecos” han llevado a cabo las discusiones sobre la política de “costos compartidos”. En Brasil este tema se ha incluido en la Tomada de Subsidios n.° 13 de Anatel, y varios actores de la sociedad civil han enviado contribuciones al respecto.


En septiembre de 2023 ISOC Brasil y ITS Río han reunido a miembros de la sociedad civil, la academia y la comunidad técnica para webinar sobre sus contribuciones. A continuación resaltamos algunas declaraciones importantes que pueden consultarse íntegramente en el vídeo y el podcast del evento, aquí.



Este material forma parte de la campaña "Peaje en Internet", que promueve un debate técnico sobre la propuesta de costos compartidos en el país, y ha proporcionado otros materiales importantes como: la Biblioteca de Referencias, el mapa de las contribuciones a la tomada de subsídios de Anatel, incluida nuestra contribución 


¿Cuáles son los 10 elementos cruciales para entender la política de costos compartidos?



  1. El supuesto problema para la implementación de la política de costos no existe. Esto se discutió tanto en el debate europeo como aquí, de manera similar. Por lo tanto, no hay un problema que resolver. Como dijo Demi Getschko, “no debemos arreglar lo que no está roto”.

  2. Los costos compartidos introducen una lógica completamente opuesta a la forma en que siempre ha funcionado Internet, basada en el estímulo público y la promoción de acuerdos voluntarios entre las capas de Internet. Como subraya Paloma Rocillo, faltan datos que evidencien la existencia de algún problema en esta forma de funcionamiento de la infraestructura de red.

  3. La propuesta viola directamente el principio de neutralidad de la red al exigir la discriminación de paquetes de datos. Los efectos para Internet son enormes, incluida la concentración de varios mercados digitales, como ha expuesto Flávio Rech Wagner.

  4. La propuesta promueve la fragmentación de internet, como ha resaltado Flávio Rech Wagner, al limitar el acceso a los usuarios, limitándoles a acceder apenas a contenidos que estén cubiertos por acuerdos comerciales entre los  respectivos proveedores de conexión que los atienden.

  5. Los costos compartidos promueven una concentración económica, lo que ofrece serios riesgos a la capa de infraestructura (como pequeñas telecos y proveedores de internet) y a la capa de aplicación (como pequeñas y medianas empresas digitales). Según Flávio Rech Wagner, “se observa que la propuesta solo cuenta con el respaldo de grandes operadores de telecomunicaciones”.

  6. La propuesta establece un modelo de “subsidio cruzado”, en el cual el lucro de un determinado sector financia la quiebra del otro, como ha señalado Flávio Rech Wagner. Esta es la lógica del mercado de tarjetas de crédito, que fracasa en todo el mundo en universalizar el acceso al sistema bancario. Basta con ver el impacto del PIX para entenderlo, como ha resaltado Fabro Steibel.

  7. La capa de aplicación invierte mucho en la infraestructura de la red, a diferencia de lo que afirman los principales operadores de telecomunicaciones, como ha explicado Veridiana Alimonti. Desde cables submarinos hasta la distribución de productos localizados, dichas inversiones se verían desalentadas.

  8. Los consumidores serán los más perjudicados al asumir todos los costos trasladados y experimentar una reducción en la entrega de contenido. Es exactamente como el mercado de tarjetas de crédito. Como dijo Flávia Lefèvre, esta solución es muy cuestionable, incluso desde el punto de vista del Tribunal de Cuentas

  9. La experiencia negativa en Corea del Sur pone en evidencia los efectos negativos sobre la infraestructura de internet local. Paula Bernardi fue precisa al recordar que ISOC ha publicado buenos materiales sobre los impactos negativos de la introducción de la política en ese país.

  10. Por fin, en décimo lugar, Anatel no tiene competencia para regular este asunto, como ha señalado Flávia Lefèvre. No importa cuánto intente estirar la línea, la ilegalidad de la operación es clara y genera inseguridad jurídica.


A continuación encontrarás los puntos principales de cada intervención, basados en los cinco especialistas que han participado en el encuentro organizado por ISOC Brasil e ITS Río.


Flávio Rech Wagner, presidente de ISOC Brasil:

“En todos estos contextos [en los que se respalda la política de costos compartidos], lo que se puede observar es que apenas los grandes operadores de telecomunicaciones la defienden, mientras todos los demás actores de la sociedad están en contra”.


Demi Getschko, director presidente de NIB.br:

No debemos arreglar lo que no está roto. No sé qué se considera roto en este caso. Cuando tengo que contratar un servicio de banda ancha para mi casa, puedo elegir la banda ancha que deseo, el proveedor de banda ancha contrata otra banda ancha grande para enviar contenido y ese es el acuerdo.Creo que todos los actores intermediarios están contentos con esto, al ver cómo se expande. Si contrato más velocidad, pagaré más por ello”. 


Flávia Lefèvre, Coalizão Direitos na Rede:

“Aparte de los aspectos legales que ponen en cuestión la actuación de Anatel,  esta solución para promover más inversiones en infraestructura también es [igualmente] muy cuestionable, según decisiones del  Tribunal de Cuentas  de la Unión”.


Paloma Rocillo, directora de IRIS:

“No tenemos información suficiente, de manera transparente y accesible, para entender si realmente falta infraestructura en Brasil”.


Paula Bernardi, asesora senior de Política y Advocacy de ISOC:

“Internet Society tiene documentos publicados que precisamente abordan el impacto de la regulación sobre los costos compartidos en Corea del Sur”.


Veridiana Alimonti, directora asociada de Latin American Policy de Electronic Frontier Foundation:

“Son las falacias que sostienen esta propuesta de costos compartidos”.


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