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Las grandes Telecos contra todos: "la consulta sobre la política de costos compartidos en Brasil repite la polarización que se ha observado en la consulta europea sobre una contribución justa."

 

La Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) siguió los pasos de la Comisión Europea y abrió una Consulta Pública para escuchar a los actores del ecosistema sobre la política de costos compartidos.


Teniendo en cuenta apenas las contribuciones enviadas a través del sitio web oficial (es decir, sin analizar las contribuciones enviadas por otros medios, que aún no han sido divulgadas), la consulta pública recibió un total de 37 contribuciones.


El mismo escenario de la consulta pública europea se repite a nivel nacional. Por un lado, los operadores de telecomunicaciones defienden técnicamente la política de costos compartidos. Por otro lado, todo el ecosistema critica la propuesta.


El principal - y posiblemente el único - argumento que las empresas del sector de telecomunicaciones presenta es que las grandes empresas (denominadas genéricamente como “big techs”) generan un gran volumen de tráfico de datos en la red y, por lo tanto, deberían contribuir con una especie de "peaje" para financiar la infraestructura de telecomunicaciones.


Las demás contribuciones que se oponen a la propuesta se centran en cuestiones fundamentales sobre cómo funciona Internet. Resaltan que no existe una competencia directa entre las "telecos" y las "big techs", precisamente porque son sectores económicos diferentes y complementarios entre ellos. También cuestionan el argumento de que falta inversión en infraestructura por parte de las empresas de telecomunicaciones y recuerdan los peligros de implementar una política de este tipo, desde la fragmentación de la red hasta el compromiso de la neutralidad de la red y los perjuicios directos para el usuario, tanto en términos de costos de acceso a contenidos como de calidad de ese acceso.


Observa las opiniones de las 43* contribuciones:

* La suma de las contribuciones recibidas a través del sitio web de la consulta pública (37) y de las contribuciones disponibles públicamente en los documentos de SEI de Anatel (6) totaliza 43 contribuciones. Sin embargo, debido a un error en el sitio de la consulta pública, no fue posible descargar todas las contribuciones. Se analizaron todas las contribuciones disponibles.



Stakeholder

Institución

Opinión

Academia

Stanford Law School Center for Internet and Society

En contra

Sociedad civil

ISOC Capítulo Brasil & ITS Rio

En contra

Sociedad civil

EFF

En contra

Sociedad civil

Internet Society

En contra

Sociedad civil

Epicenter.Works

En contra

Sociedad civil

Coalizão de Direitos na Rede

En contra

Sociedad civil

IRIS

En contra

Sociedad civil

IDEC

En contra

Sector técnico

FENINFRA

A favor

Sector técnico

CCIA

En contra

Sector técnico

ITI

En contra

Sector técnico

Information Technology Industry Council

En contra

Capa de aplicación

Abrint

En contra

Capa de aplicación

Solintel

En contra

Capa de aplicación

Câmara-e.net

En contra

Capa de aplicación

Akamai en Brasil

En contra

Capa de aplicación

Meta

En contra

Capa de aplicación

Google Brasil

En contra

Capa de aplicación

Abranet

En contra

Capa de aplicación

Motion Picture Association

En contra

Capa de aplicación

ALAI

En contra

Capa de aplicación

Vero S.A.

En contra

Capa de aplicación

SENAI

En contra

Capa de aplicación

ACT/The App Association

En contra

Capa de aplicación

Netflix

En contra

Capa de aplicación

Associação dos Programadores de Televisão

En contra

Operadores

ASIET

A favor

Operadores

Oi S.A.

A favor

Operadores

Claro S.A.

A favor

Operadores

Telefônica S.A.

A favor

Operadores

GSMA

A favor

Operadores

Tim S.A.

A favor

Operadores

TelComp

A favor

Operadores

Conexis

A favor

Operadores

Vrio Corp.

A favor

A continuación puedes leer los argumentos centrales presentados en la consulta por los que se oponen a la política.


La Sociedad Civil


  • ISOC Capítulo Brasileiro & ITS Rio: “La política de costos compartidos perjudica la libre empresa, aumenta la concentración de poder e interfiere en la calidad de los servicios de manera amplia”;

  • Internet Society - ISOC Global: “La introducción de un modelo de pago obligatorio sería directamente inconsistente e incompatible con estas obligaciones, con un perjuicio directo para los consumidores”;

  • Coalizão de Direitos na Rede - CDR: “es inadmisible que ANATEL pretenda expandir el acceso a Internet en Brasil adoptando medidas que aumentarán los costos de las operaciones y crearán condiciones que propiciarán acuerdos comerciales”;

  • Associação Brasileira de Internet - Abranet: “si ANATEL realizara un cambio en la capa de aplicación, sin tener en cuenta el marco legal vigente y sin las debidas autorizaciones legislativas, constituiría no solo una violación de competencias, sino también una medida inadecuada y desproporcionada con respecto al principio fundamental de la libertad de expresión, siendo, por lo tanto, ilegal en su mérito”;

  • Instituto de Referência em Internet e Sociedade - IRIS: “Consideramos que la presente política reguladora excede ilegalmente la competencia de la Agencia”;


El Sector Privado


  • Meta: “En Brasil, Meta invierte en infraestructura como cables submarinos, redes de fibra óptica terrestres y redes de última generación. Estas inversiones agregan capacidad y resiliencia a las redes, lo que conduce a precios mayoristas más bajos y ayudará a los proveedores de servicios de telecomunicaciones brasileños a ahorrar varios miles de millones de dólares hasta 2028”;

  • Motion Picture Association: “La imposición de una carga financiera adicional resultaría en una disminución de los recursos disponibles para el desarrollo de contenido, lo que reduciría la oferta y la calidad de las obras disponibles para los consumidores”;

  • Google Brasil: “El debate actual sobre el pago por el uso de la red revive un argumento antiguo y repetidamente rechazado”;

  • Netflix: “Se reconoce que el crecimiento del tráfico de datos no perjudica a los servicios de telecomunicaciones, ya que es el propio crecimiento de las ofertas de aplicaciones y contenido lo que garantiza, a través del pago de los consumidores, la expansión y el desarrollo de las redes”.


El Sector Técnico


  • Computer & Communications Industry Association (CCIA): Además de violar los principios de neutralidad de la red, son los proveedores de servicios de valor agregado (SVA), con mayores volúmenes de tráfico, los que ya invierten significativamente en capacidad, lo que hace que el requisito adicional de pago sea doblemente injusto”.


Abogados


  • Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedad de Abogados: “Este pago representaría una violación de la regla de neutralidad de la red, que es una norma obligatoria en el ordenamiento jurídico brasileño y debe ser respetada mientras esté en vigor el Marco Civil de Internet”.

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